Alianzas público-privadas y turismo comunitario: entre promesas, tensiones y condiciones de éxito.

En el ámbito del turismo comunitario, las alianzas público-privadas (APP) suelen presentarse como una palanca estratégica para movilizar financiación, estructurar cadenas de valor o reforzar la visibilidad de los destinos. Sin embargo, su implementación plantea numerosas interrogantes. ¿Las alianzas público-privadas (APP), tan a menudo presentadas como motores del desarrollo del turismo comunitario, cumplen realmente sus promesas?

En principio, las APP implican la cooperación entre autoridades públicas, actores privados y organizaciones comunitarias para desarrollar un proyecto común. Pero en contextos marcados por asimetrías de poder, estas alianzas también pueden redefinir - a veces en detrimento de las comunidades - las prioridades, las reglas de gobernanza o las modalidades de reparto de beneficios. Plantean la cuestión fundamental de si las comunidades locales siguen siendo verdaderamente dueñas de sus decisiones, o si pasan a convertirse en ejecutoras de un modelo concebido en otro lugar.

Detrás de los discursos bien articulados sobre cooperación, impacto positivo y participación, los intercambios revelaron realidades mucho más contrastadas. Lo que se puso de manifiesto a lo largo de las intervenciones y del debate colectivo no fue tanto una oposición entre modelos, sino la visibilización de profundas líneas de tensión: quién decide, para quién y en nombre de qué objetivos.

Los miembros del Grupo de Trabajo de ISTO sobre Turismo Comunitario y Justo se reunieron el 16 de diciembre de 2026 para abordar estas cuestiones a partir de los testimonios de dos ponentes:

• • Doris Zaccaria, Rifugio di Mare (Italia)
  • Van Thai Nguyen, TTB Travel (Vietnam)

Una APP nunca es un simple montaje técnico

Sobre el papel, las alianzas público-privadas parecen evidentes. Permiten movilizar recursos financieros, rehabilitar infraestructuras abandonadas, estructurar cadenas turísticas o dar visibilidad a territorios poco frecuentados. En el ámbito del turismo comunitario, a menudo se presentan como un compromiso equilibrado entre interés general, eficiencia económica y desarrollo local.

Sin embargo, una APP nunca es un simple montaje técnico. Siempre se inscribe en un contexto político, institucional y social determinado, con sus relaciones de poder, sus silencios y sus puntos ciegos. Cuando se refiere a un bien público, un espacio natural o un territorio habitado, compromete mucho más que a socios contractuales: afecta a usos, imaginarios y a un sentimiento colectivo de pertenencia.

Cuando un proyecto impulsado por una cooperativa solidaria se convierte en fuente de conflicto

Un primer testimonio, anclado en un territorio europeo, permitió adentrarse de manera concreta en esta complejidad. El punto de partida fue un edificio público abandonado durante décadas, situado en un parque natural y objeto de una convocatoria nacional para su rehabilitación mediante una alianza público-privada. La orientación declarada era clara: turismo lento, respeto al medio ambiente y movilidad suave.

En esencia, era difícil encontrar objeciones al proyecto. Estaba impulsado por una estructura cooperativa comprometida, atenta al impacto ambiental y deseosa de arraigarse localmente. Sin embargo, muy pronto surgió una fuerte oposición en el territorio. No contra el turismo en sí, sino contra la forma en que se había tomado la decisión.

El edificio, aunque jurídicamente público y en desuso, formaba parte del paisaje cotidiano, de las prácticas informales y de la memoria local. Su transformación, decidida sin diálogo previo, fue vivida como una expropiación. Poco importaba que el proyecto fuera respetuoso: sin explicación ni espacios de debate temprano con la población, fue percibido como una privatización.

A ello se sumó una complejidad institucional extrema - superposición de niveles administrativos, discursos contradictorios de las autoridades - y un contexto sanitario que impedía cualquier reunión pública. Progresivamente, los temores se acumularon, las tensiones aumentaron y los procedimientos judiciales se sucedieron. El proyecto avanzó, pero a costa de un considerable desgaste humano y financiero.

La ausencia de participación ciudadana en la fase de diseño es uno de los principales factores de fracaso o de conflicto. Un bien público nunca es neutral. Incluso abandonado, sigue existiendo simbólicamente. Tratarlo como un simple activo a valorizar, sin reconocer esta dimensión colectiva, equivale a ignorar una parte del propio territorio.

Solo una vez abierto el lugar, cuando la población pudo ver concretamente lo que allí ocurría y volver a frecuentarlo, comenzaron a cambiar las percepciones. La integración progresiva de personas del territorio en el equipo, el recurso a proveedores locales, la apertura a asociaciones y el trabajo con las escuelas desempeñaron un papel decisivo. Sin embargo, esta reconstrucción del vínculo se produjo a posteriori, cuando debería haber sido fundacional.

Cuando el turismo comunitario se convierte en una imposición: estandarización, desigualdades y greenwashing

En varios países de Asia, el turismo comunitario se promueve ampliamente como una herramienta de lucha contra la pobreza, especialmente en regiones rurales o habitadas por minorías étnicas. Una vez más, la intención declarada es positiva. Pero sobre el terreno, las desviaciones son numerosas.

El turismo suele pensarse para las comunidades, rara vez por ellas. Las decisiones vienen desde arriba: instituciones públicas, grandes empresas, a veces ONG internacionales. Las poblaciones locales se convierten en beneficiarias designadas, obligadas a adaptarse a un modelo que se les presenta como una oportunidad, o incluso como la única vía posible.

Esta lógica genera una dependencia peligrosa. Al especializarse exclusivamente en el turismo, algunas comunidades abandonan sus actividades tradicionales, debilitan su soberanía alimentaria y se vuelven extremadamente vulnerables a las crisis. La pandemia de COVID-19 actuó como un revelador brutal de esta monocultura turística.

A lo largo de los intercambios se dibujó un panorama preocupante: estandarización de las arquitecturas y de las prácticas de acogida, folklorización de las culturas, concentración de los beneficios en unas pocas familias y tensiones internas en los pueblos. El vocabulario de lo “sostenible” y lo “comunitario” es omnipresente, pero a menudo vacío de contenido.

Los actores externos tampoco escapan a la crítica. Proyectos impulsados por expertos internacionales o por ONG bien intencionadas fracasan por falta de una comprensión fina de las dinámicas locales. Formaciones demasiado breves, modelos importados y retirada rápida de los socios dejan a las comunidades solas frente a proyectos no viables, a veces generadores de divisiones duraderas.

No obstante, el debate no se quedó en el diagnóstico. Se mencionaron ejemplos más escasos, pero inspiradores. Su rasgo común es que el turismo nunca es el punto de partida. Llega después, como una actividad complementaria, integrada en una economía local diversificada y decidida colectivamente.

En estos casos, la prioridad se otorga a la preservación cultural, la autonomía económica y la cohesión social. El turismo se convierte en una herramienta al servicio de un proyecto de sociedad, y no al revés. Algunas de estas iniciativas incluso han recibido reconocimiento internacional, en particular por parte de la UNESCO, lo que demuestra que otro imaginario del turismo comunitario es posible.

El tiempo, un factor clave en las APP que implican a las comunidades locales

Al salir de esta mesa redonda, se impone una convicción: el turismo comunitario es profundamente político. Interroga la gobernanza, la redistribución del poder y el lugar que se concede a las comunidades en las decisiones que les conciernen. Las alianzas público-privadas pueden ser palancas útiles, pero solo si se inscriben en procesos transparentes, participativos y verdaderamente co-creados.

El tiempo, a menudo percibido como un obstáculo, aparece por el contrario como una condición esencial. Tomarse el tiempo para escuchar, debatir, negociar y aceptar los desacuerdos. Reconocer que las comunidades no son ni beneficiarias pasivas ni vitrinas, sino actores políticos de pleno derecho.

Tal vez ese sea el principal desafío: dejar de pensar el turismo comunitario como una solución llave en mano y aceptar que es, ante todo, un camino exigente, hecho de diálogos, a veces de conflictos, y de responsabilidades compartidas.

Artículo escrito por Coralie Marti (ATES).