Situar la sostenibilidad social en el centro de las políticas turísticas.

¿Cómo hacer de la sostenibilidad social un componente fundamental de las políticas turísticas, cuando las estrategias públicas están actualmente determinadas en gran medida por los desafíos de la transición ambiental? Esta fue la pregunta central del seminario web organizado por ISTO el pasado 23 de junio, dedicado al papel del turismo social y del acceso a las vacaciones en las políticas públicas.

Moderado por Coralie Marti, de la Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire (ATES), el encuentro permitió poner en diálogo dos experiencias nacionales: la de Francisca Retamal, del Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR), y la de Betty Rech, de Acteurs du Tourisme Durable (ATD), en Francia.
A pesar de sus diferentes contextos nacionales, ambas intervenciones pusieron de manifiesto una misma necesidad: considerar el acceso al turismo, los beneficios para los territorios y la cohesión social como dimensiones estructurales de la transición turística, al mismo nivel que los desafíos ambientales y económicos.

La sostenibilidad social, un desafío todavía relegado a un segundo plano

Las políticas turísticas otorgan hoy una importancia creciente a la descarbonización, la preservación de los recursos y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, la dimensión social de la sostenibilidad sigue siendo más difícil de integrar en las estrategias públicas. Esta dimensión no se limita al acceso individual a las vacaciones. También se refiere a la capacidad del turismo para contribuir a la cohesión social, al equilibrio territorial y al desarrollo económico local.
Una política turística sostenible debe, por tanto, plantearse varias preguntas fundamentales: quién puede viajar, en qué condiciones, qué beneficios genera el turismo para los territorios y sus habitantes, y qué papel pueden desempeñar las poblaciones locales en las dinámicas turísticas.

En Chile, el turismo social como instrumento de política pública

La experiencia presentada por Francisca Retamal permitió ilustrar concretamente este enfoque. En Chile, el turismo social constituye una política pública estructurada en torno a varios programas dirigidos, entre otros, a personas mayores, mujeres, familias y jóvenes. Una de las principales enseñanzas de esta experiencia es la articulación entre objetivos sociales, económicos y territoriales. Los programas se desarrollan especialmente durante la temporada baja, mediante mecanismos de apoyo al precio de las estancias. De este modo, permiten facilitar el acceso a las vacaciones para determinados grupos de población y, al mismo tiempo, contribuir a mantener la actividad turística cuando la afluencia es menor.
El turismo social se convierte así en un instrumento de política pública capaz de responder a determinadas fallas del mercado y, simultáneamente, de apoyar a las empresas turísticas y a las economías locales. Este enfoque requiere, sin embargo, financiación, una movilización sostenida de las partes interesadas y la capacidad de medir los resultados obtenidos. La experiencia chilena pone de manifiesto la importancia de contar con indicadores que permitan documentar los efectos sociales, económicos y territoriales de las políticas de turismo social y reforzar su legitimidad a largo plazo.

En Francia, el acceso a las vacaciones sigue siendo un desafío importante

En Francia, la intervención de Betty Rech permitió situar estos desafíos en el contexto del 90º aniversario de las vacaciones pagadas, celebrado en 2026. A pesar de la existencia de numerosos programas destinados a facilitar los viajes y las vacaciones, una parte importante de la población sigue sin poder disfrutar de ellas. Sin embargo, este fenómeno no se explica únicamente por el nivel de ingresos. También existen obstáculos sociales, psicológicos y organizativos: falta de información, dificultad para identificar los programas disponibles, complejidad de los trámites o incluso dificultad para imaginar y planificar una salida de vacaciones.
Esta realidad invita a superar una concepción del acceso a las vacaciones reducida al poder adquisitivo. También es necesario luchar contra la falta de acceso efectivo a los programas existentes, reforzar el acompañamiento y permitir que las personas puedan concretar su propio proyecto de vacaciones. Desde esta perspectiva, el acceso a las vacaciones puede considerarse una verdadera política de inclusión social, y no únicamente una política de apoyo al consumo turístico.

Hacer del acceso a las vacaciones una causa nacional

En este contexto, en 2026 se estructuró en Francia una nueva dinámica colectiva. Betty Rech presentó, en particular, la participación de Acteurs du Tourisme Durable, que se incorporó al colectivo impulsado por Essentiem, un fondo de dotación de interés general dedicado a promover un turismo más comprometido. Creado en 2020 por iniciativa de varios actores del sector turístico, Essentiem actúa como herramienta de mecenazgo y financiación de proyectos de interés general, al tiempo que reúne a diferentes actores en torno a cuestiones sociales, societales y ambientales relacionadas con el turismo. En febrero de 2026, Essentiem lanzó, junto con un primer colectivo de 35 organizaciones, un llamamiento para hacer del acceso a las vacaciones una causa nacional. La iniciativa reúne a empresas, asociaciones, instituciones y actores comprometidos con el turismo social y sostenible. Esta diversidad permite sacar la cuestión del acceso a las vacaciones del ámbito exclusivo del turismo social y convertirla en un desafío compartido por todo el ecosistema turístico.
La movilización también busca comprender mejor los obstáculos al acceso a las vacaciones e identificar posibles ámbitos de actuación: financiación, información, simplificación de los trámites, lucha contra la falta de acceso efectivo a los programas existentes y acompañamiento. Diversos espacios de trabajo que reunieron a actores asociativos, económicos e institucionales permitieron avanzar hacia propuestas comunes.

De la movilización colectiva a la acción pública

Esta dinámica refleja una evolución importante: el acceso a las vacaciones empieza a considerarse no solo como una cuestión relacionada con el turismo social, sino como un verdadero tema de política turística, social y territorial. Sin embargo, la movilización de los actores no puede sustituir a la acción pública. Las iniciativas privadas, asociativas y filantrópicas pueden experimentar nuevas soluciones, movilizar recursos y fomentar la cooperación, pero no pueden responder por sí solas a la magnitud de la falta de acceso a las vacaciones.

El desafío consiste, por tanto, en articular mejor el compromiso colectivo y la acción pública. Los actores turísticos pueden desarrollar soluciones complementarias y reforzar los vínculos entre profesionales del turismo y actores del acompañamiento social. Estas iniciativas deben, no obstante, poder integrarse en una ambición pública a largo plazo.

Hacia una transición turística verdaderamente social, ambiental y económica

Los intercambios del 23 de junio permitieron poner de manifiesto una convicción común: la transición turística no puede ser sostenible si no es también social. Esto implica documentar mejor los efectos sociales y económicos del turismo, visibilizar los beneficios territoriales del turismo social y del acceso a las vacaciones, y otorgar a estos desafíos un lugar más central en las políticas públicas

Para ISTO, esta reflexión se inscribe plenamente en su papel como plataforma internacional de intercambio de experiencias y diálogo entre actores del turismo social y solidario. Al poner en diálogo la experiencia chilena de una política pública estructurada con las dinámicas que actualmente se desarrollan en Francia, el seminario web permitió identificar varios desafíos comunes: hacer del acceso a las vacaciones un objetivo de política pública, reforzar la cooperación entre actores y situar la sostenibilidad social al mismo nivel de importancia que las dimensiones ambientales y económicas de la transición turística.

La cuestión ya no es solamente saber cómo hacer que el turismo sea más sostenible, sino también para quién debe serlo y cómo garantizar que la transición beneficie efectivamente al mayor número posible de personas.